HISTORIA ARGENTINA: La República de Masas (1943-1955)

HISTORIA ARGENTINA: La República de Masas (1943-1955)

La revolución del 4 de junio llevó al poder, a los dos días de su triunfo, al general Pedro P. Ramírez, ministro de Guerra del gobierno derrocado. Los coroneles del GOU se distribuyeron los principales cargos y desde ellos comenzaron a actuar con tal desarmonía que fue difícil establecer el sentido general de su orientación política. Lo importante era, en el fondo, salvar la situación creada por los compromisos de ciertos grupos con los países del Eje; pero mientras se resolvía este problema, se procuró intentar una política popular congelando alquileres o destituyendo magistrados y funcionarios acusados de inconducta. Para resolver la cuestión de fondo, el ministro de Relaciones Exteriores aventuró una gestión ante el gobierno de los Estados Unidos que concluyó en una lamentable humillación; y finalmente, no quedó otra salida que resolver la declaración de guerra a Alemania y al Japón en enero de 1944. El estado de guerra justificó la represión del movimiento opositor y sirvió para que el gobierno se incautara de los bienes que consideró "propiedad enemiga".

Pero mientras los coroneles ultimaban este episodio, uno de ellos, Juan D. Perón, descubría la posibilidad de poner en funcionamiento un plan más sutil. Aun cuando ocupaba la Subsecretaría de Guerra, logró que se le designara presidente del Departamento Nacional del Trabajo, y sobre esa base organizó enseguida la Secretaría de Trabajo y Previsión con jerarquía ministerial. Con la experiencia adquirida en Italia durante la época fascista y con el consejo de algún asesor formado en el sindicalismo español, Perón comenzó a buscar el apoyo de algunos dirigentes obreros y logró, no siempre limpiamente, atraerse ciertos sectores sindicales. Desde entonces, el gobierno comenzó a contar con un pequeño respaldo popular que fue creciendo a medida que progresaba el plan del nuevo secretario de Trabajo.

Reemplazado Ramírez por el general Edelmiro J. Farrell en febrero de 1944, la fisonomía del gobierno comenzó a variar sensiblemente bajo la creciente influencia de Perón, que ocupó, además de la Secretaría de Trabajo y Previsión, el Ministerio de Guerra y la vicepresidencia del gobierno provisional. La orientación gubernamental se definió. Por una parte se procuró destruir a los opositores, en parte por la vía de la represión, y en parte por la creación de una atmósfera hostil a los partidos tradicionales a los que, en conjunto, se hacía responsables de la perversión de la democracia que sólo habían promovido los conservadores. Por otra, se trató de poner en funcionamiento un plan de acción para consolidar el poder de los grupos dominantes, organizando las fuerzas económicas y sociales del país de tal manera que quedaran al servicio de los designios de hegemonía continental que acariciaba el Estado Mayor del Ejército. Estas ideas fueron expuestas por Perón en un discurso pronunciado en la Universidad de La Plata y transformadas en el fundamento de su futuro programa político.

A medida que crecía la influencia de Perón se advertía que buscaba apoyarse simultáneamente en el ejército y en el movimiento sindical. Esta doble política lo obligaba a una constante vigilancia. Los sectores obreros acogían con satisfacción la inusitada política laboral del gobierno que los favorecía en los conflictos con los patrones, estimulaba el desarrollo de las organizaciones obreras adictas y provocaba el alza de los salarios; pero subsistían en su seno muchas resistencias de quienes conocían la política laboral fascista. En el ejército, por su parte, algunos grupos reconocían la capacidad de conducción de Perón y aprobaban su plan de atraer a los obreros con el ofrecimiento de algunas ventajas para sujetarlos a los ambiciosos planes del Estado Mayor; pero otros no tardaron en descubrir el peligro que entrañaba la organización de poder que Perón construía rápidamente en su beneficio, y opinaron que constituía una amenaza para las instituciones democráticas. Ésta fue también la opinión de los partidos tradicionales y de los vastos sectores de clase media que formaron en la "Marcha de la Constitución y de la Libertad", nutrida concentración con la que se quiso demostrar la impopularidad del gobierno y el repudio a sus planes. La defensa de la democracia formal unía a todos los sectores, desde los conservadores hasta los comunistas. El nombre de los próceres sirvió de bandera, y por sobre todos el de Sarmiento, el civilizador, cuya biografía daba a luz por esos días Ricardo Rojas llamándole El profeta de la pampa.

La presión de los sectores conservadores movió a un grupo militar a exigir, el 9 de octubre de 1945, la renuncia de Perón a todos sus cargos y su procesamiento. En el primer instante, la ofensiva tuvo éxito, pero las fuerzas opositoras no lograron luego aprovecharlo y dieron tiempo a que se organizaran los sectores ya definidamente peronistas, los que, con decidido apoyo militar y policial, se dispusieron a organizar un movimiento popular para lograr el retorno de Perón. El 17 de octubre nutridas columnas de sus partidarios emprendieron la marcha sobre el centro de Buenos Aires desde las zonas suburbanas y se concentraron en la plaza de Mayo solicitando la libertad y el regreso de su jefe.

Acaso sorprendida por el inesperado apoyo popular que éste había logrado, la oposición no se atrevió a obrar y el gobierno ofreció una suerte de transacción: Perón quedaría en libertad, abandonaría la función pública y afrontaría la lucha electoral en elecciones libres que controlaría el ejército. Una vez en libertad, Perón apareció en el balcón de la Casa de Gobierno y consolidó su triunfo arengando a la muchedumbre en un verdadero alarde de demagogia.

El espectáculo había sido inusitado. Las clases medias de Buenos Aires ignoraban que, en los últimos años y como resultado de las migraciones internas, se había constituido alrededor de la ciudad un conjunto social de caracteres muy diferentes a los del suburbio tradicional. La era del tango y del "compadrito" había pasado. Ahora poblaban los suburbios los nuevos obreros industriales, que provenían de las provincias del interior y que habían cambiado su miseria rural por los mejores jornales que les ofrecía Ia naciente industria. De 3.430.000 habitantes que tenía en 1936, el Gran Buenos Aires había pasado a 4.724.000 en 1947. Pero, sobre estos totales, mientras en 1936 había solamente un 12% de argentinos inmigrados del interior, este sector de población había pasado a constituir un 29% en 1947. Los partidos políticos ignoraron esta redistribución ecológica; pero Perón la percibió, descubrió la peculiaridad psicológica y social de esos grupos y halló el lenguaje necesario para comunicarse con ellos. El resultado fue un nuevo reagrupamiento político que contrapuso esas nuevas masas a los tradicionales partidos de clase media y de clases populares, que aparecieron confundidos en lo que empezó a llamarse la "oligarquía".

El panorama político del país cambió, pues, desde el 17 de octubre. Hasta ese momento los partidos tradicionales habían estado convencidos de que el movimiento peronista era impopular y que la mayoría seguía aglutinándose alrededor del radicalismo; pero desde entonces comenzaron a convencerse del arraigo que la nueva política obrera había adquirido. La consecuencia fue la formación de la Unión Democrática, frente electoral en el que se unieron conservadores, radicales, demócratas progresistas, socialistas y comunistas para sostener, frente a la de Perón, la candidatura radical de José P. Tamborini.

La campaña electoral fue agitada. Perón logró atraer a ciertos sectores del radicalismo y del conservadorismo y fue a las elecciones en compañía de un radical, Hortensio J. Quijano. Lo respaldaba desembozadamente el aparato gubernamental y lo apoyaban fuertes sectores del ejército y de la Iglesia, así como también algunos grupos industriales que esperaban una fuerte protección del Estado para sus actividades. Pero también lo apoyaba una masa popular muy numerosa cuya fisonomía, a causa de su novedad, no acertaban a descubrir los observadores. La formaban, en primer lugar, los nuevos sectores urbanos y, luego, las generaciones nuevas de las clases populares de todo el país, que habían crecido en el más absoluto escepticismo político a causa de la permanente falsificación de la democracia que había caracterizado a la república conservadora. Muy poco trabajo costó a Perón, poseedor de una vigorosa elocuencia popular, convencer a esa masa de que todos los partidos políticos eran igualmente responsables de tal situación. El 24 de febrero de 1946, en elecciones formalmente inobjetables, la fórmula Perón-Quijano triunfó en casi todo el país con 1.500.000 votos, que representaban el 55% de la totalidad de los electores.

Antes de entregar el gobierno, Farrell adoptó una serie de medidas para facilitar la obra de Perón, entre ellas la intervención a todas las universidades y la expulsión de todos los profesores que habían tenido alguna militancia contra él. Cuando Perón ocupó la presidencia el 4 de junio de 1946, continuó la remoción de los cuadros administrativos y judiciales sin detenerse siquiera ante la Corte Suprema de Justicia. Gracias al incondicionalismo del parlamento pudo revestir todos sus actos de una perfecta apariencia constitucional. Esta característica prevaleció durante todo su gobierno apoyado, además, en una constante apelación a la adhesión directa de las masas que, concentradas en la plaza de Mayo, respondían afirmativamente una vez por año a la pregunta de si el pueblo estaba conforme con el gobierno. Entusiastas y clamorosas respondían al llamado del jefe y ofrecían su manso apoyo sin que las tentara la independencia.

El presidente contaba con una floreciente situación económica. Gracias a la guerra mundial el país había vendido durante varios años a buenos precios su producción agropecuaria y había acumulado fuerte reserva de divisas a causa de la imposibilidad de importar productos manufacturados. De 1.300 millones en 1940, las reservas de divisa llegaron a 5.640 millones en 1946, y esta situación siguió mejorando hasta 1950 a causa de las buenas cosechas y de la demanda de productos alimenticios por parte de los países que sufrían las consecuencias de la guerra. La Argentina se hizo pagar a buen precio sus productos, de acuerdo con la tesis poco generosa del presidente del Banco Central, Miguel Miranda, que inspiró la política económica de gobiemo durante varios años. Esa circunstancia permitió Perón desarrollar una economía de abundancia que debí asegurarle la adhesión de las clases populares.

Fuera de la legitimidad de su título constitucional, Ia fuerza del gobierno seguía consistiendo en el apoyo que le prestaban los grupos de poder: el ejército, la Iglesia y la organizaciones obreras. Para mantener ese apoyo, Perón trazó distintas líneas políticas y procuró mantener el equilibrio entre los distintos sectores que lo sostenían. Pero el que más le preocupaba era el sector obrero, en el que sólo él tenía ascendiente y con cuya fuerza debía contrarrestar la de los otros dos, que sin duda poseían su propia política. De ahí la significación de su política laboral.

Tres aspectos distintos tuvo esa política. En primer lugar, procuró acentuar los elementos emocionales de la adhesión que le prestaba la clase obrera. Tanto su oratoria como la acción y la palabra de su esposa, Eva Duarte de Perón -a quien se le había asignado específicamente esa función-, estaban destinadas a destacar la actitud paternal del presidente con respecto a los que vivían de su salario y a los necesitados. Una propaganda gigantesca y bien organizada llevaba a todos los rincones de la República el testimonio de esa preocupación por el bienestar de los que, desde la campaña electoral, se llamaban los "descamisados", manifestada en desordenadas distribuciones de paquetes con ropas y alimentos, o en obsequios personales de útiles de trabajo o medicinas. Y cuando se convocaba una concentración popular, los discursos del presidente y de su esposa adquirían los matices de una verdadera explosión sentimental de amor por los humildes.

En segundo lugar, se logró establecer una organización sindical rígida a través de la Confederación General del Trabajo, que agrupó a varios millones de afiliados de todos los sindicatos, obligados a incorporarse y a contribuir automáticamente. Estrechamente vigilada por el presidente y por Eva Perón, la CGT respondía incondicionalmente a los designios del gobierno y transmitía sus consignas hacia los sindicatos y los delegados de fábrica que, a su vez, las hacían llegar a la base.

Finalmente, el gobierno mantuvo una política de salarios altos, a través de la gestión de contratos colectivos de trabajo que generalmente concluían mediante una intervención directa del Ministerio de Trabajo y Previsión. Esta política no fue, en modo alguno, perjudicial para los patrones, quienes trasladaban automáticamente esos aumentos de salarios a los precios, con lo que se acentuó la tendencia inflacionista de la política económica gubernamental. Leyes jubilatorias, indemnizaciones por despido, vacaciones pagadas, aguinaldo y otras ventajas directas dieron la impresión a los asalariados de que vivían dentro de un régimen de protección, acentuada por los cambios que se produjeron en las formas de trato entre obreros y patrones.

La política económica no fue menos novedosa y su rasgo predominante fue el intervencionismo estatal y la nacionalización de los servicios públicos. El gobierno proyectó dos planes quinquenales que, por su improvisación y superficialidad, no pasaron de ser meros instrumentos de propaganda. Fue creado el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio para comercializar las cosechas, pero en poco tiempo se transformó en una monstruosa organización burocrática que redujo los márgenes de los productores en las buenas épocas sin garantizar suficientemente su situación futura; en cambio, sirvió para favorecer los intereses de los grupos económicos allegados al gobierno que se enriquecieron con el régimen de control de las exportaciones e importaciones. Y al mismo tiempo permitió el gobierno que determinados sectores de la industria media y liviana prosperaran considerablemente, gracias a los créditos que otorgaba el Banco Industrial y el abundante consumo estimulado por los altos salarios En cuanto a las nacionalizaciones, las medidas fueron más drásticas. El 1 de marzo de 1947, de manera espectacular, fue proclamada la recuperación de los ferrocarriles, que, sin embargo, habían sido adquiridos a las empresas inglesas en la suma de 2. 462 millones de pesos, pese a que la Dirección Nacional de Transportes los había valuado poco antes en 730 millones. Lo mismo se hizo con los teléfonos, el gas y la navegación fluvial. Pero la predominante preocupación política del gobierno impidió una correcta administración de los servicios, de modo que disminuyeron los niveles de eficacia y el monto de las ganancias.

A partir de 1950 la situación comenzó a cambiar. Una prolongada sequía malogró las cosechas y los precios internacionales comenzaron a bajar. En la vida interna, se acusaban cada vez más los efectos de la inflación, que hacía ilusorios los aumentos de salarios obtenidos por los sindicatos a través de gestiones cada vez más laboriosas. Las posibilidades ocupacionales y la esperanza de altos jornales comenzaron a ser cada vez más remotas para el vasto sector de obreros industriales, acrecentado por un nutrido contingente de inmigrantes que, entre 1947 y 1954, dejó un saldo de 747.000 personas. Una crisis profunda comenzó a incubarse, por no haberse invertido en bienes de capital las cuantiosas reservas con que contaba el gobierno al comienzo de su gestión y por no haberse previsto las necesidades crecientes de la industria y de los servicios públicos en relación con la progresiva concentración urbana; pero sobre todo porque, pese a la demagogia verbal, nada se había alterado sustancialmente en la estructura económica del país.

Pese a todo, Perón pudo conservar la solidez de la estructura política en que se apoyaba. La depuración del ejército le aseguró su control, y la organización electoral se mantuvo incólume. Pero, ciertamente, carecían de fuerza los partidos políticos que lo apoyaban. Con o sin ellos, Perón mantenía su pequeño margen de ventaja sobre todas las fuerzas opositoras unidas, sobre todo a partir de la aplicación de la ley de sufragio femenino, sancionada en 1947. La gigantesca organización de la propaganda oficial contaba con múltiples recursos; los folletos y cartillas, el control de casi todos los periódicos del país, el uso de la radio, la eficaz oratoria del presidente y de su esposa y los instrumentos de acción directa, como la Fundación Eva Perón, que manejaba ingentes sumas de dinero de origen desconocido, todo ello mantenía en estado de constante tensión a una masa que no advertía que la política de salarlos y mejoras sociales no iba acompañada por ninguna reforma fundamental que asegurara la perduración de las ventajas obtenidas. Ni los signos inequívocos de la inflación consiguieron despertar la desconfianza frente a la singular "justicia social" que proclamaba el gobierno.

En el fondo, la propaganda tenía como finalidad suprema mantener la autoridad personal de Perón, y tal fue también el sentido de la reforma constitucional de 1949, que incorporó al histórico texto numerosas declaraciones sobre soberanía y derechos de los trabajadores sólo para disimular su verdadero objeto, que consistía en autorizar la reelección presidencial. Otros recursos contribuyeron a robustecer el régimen personalista: la obsecuencia del parlamento, el temor de los funcionarios y, sobre todo, la inflexible represión policial de las actividades de los adversarios del régimen. Ni los partidos políticos ni las instituciones de cultura pudieron realizar reuniones públicas, ni fue posible publicar periódicos o revistas que tuvieran intención política. A los opositores les fue impedido hasta salir del país y a los obreros que resistían a las organizaciones oficiales se los persiguió brutalmente. Un plan militar de defensa del orden interno -el plan Conintes- proveyó al gobierno de instrumento legal necesario para apagar la vida cívica.

La cultura se resintió de esos males. Los escritores editaban sus libros y los artistas exponían sus obras, pero la atmósfera que los rodeaba era cada vez más densa. Las universidades se vieron agitadas por incesantes movimientos estudiantiles que protestaban contra un profesorado elegido con criterio político y sometido a la vejación de tener que cometer actos indignos, como solicitar la reelección del presidente u otorgar el doctorado honoris causa a su esposa. Las instituciones de cultura debieron cerrar sus puertas y sólo prosperaron las que agrupaban a los adictos al régimen, que demostraba marcada predilección por un grotesco folklorismo. Y, entre tanto, el presidente se comprometía en lamentables aventuras científicas que pretendían asegurarle repentinamente al país la preeminencia en las investigaciones atómicas. Por otra parte, el gobierno había impuesto en la enseñanza primaria y secundaria la obligación de comentar su obra; se hizo obligatorio el uso del presunto libro de Eva Perón titulado La razón de mi lvida y se estableció la enseñanza religiosa. Dos iniciativas felices se pusieron, sin embargo, en práctica: las escuelas-fábricas y la Universidad Obrera.

La respuesta a esta creciente organización dictatorial fue una oposición sorda de las clases altas y de ciertos sectores politizados de las clases medias y populares. La oposición pudo manifestarse generalmente en la Cámara de Diputados, a través del reducido bloque radical o en las campañas electorales, en que los partidos políticos denunciaban los excesos del régimen. En 1951 un grupo militar de tendencia nacionalista encabezado por el general Menéndez intentó derrocar al gobierno, pero fracasó y los hilos de la conspiración pasaron a otras manos, que consiguieron conservarlos a la espera de una ocasión propicia.

El fallecimiento de Eva Perón en 1952 constituyó un duro golpe para el régimen. Reposaba sobre sus hombros la vigilancia del movimiento obrero y a su muerte, el presidente tuvo que desdoblar aún más su personalidad para asegurar su control del ejército y mantener su autoridad sobre la masa obrera. Esta doble necesidad requería de Perón una duplicidad de planteos, cuya reiteración fue debilitándolo. Algo había perdido también de eficacia personal, acaso trabajado por la obsecuencia de sus colaboradores y por problemas personales que comprometían su conducta privada. En esas circunstancias se produjo un resquebrajamiento de su plataforma política al apartarse de su lado los sectores católicos que habían contribuido a sostenerlo hasta entonces. Seguramente preocupaba ya en esos círculos el problema de su sucesión, y Perón reaccionó violentamente contra ellos enfrentando a la Iglesia. Una tímida ley de divorcio, la supresión de la enseñanza religiosa y el alejamiento de ciertos funcionarios reconocidamente fieles a la influencia eclesiástica, revelaron la crisis.

El conflicto con la Iglesia, que alcanzó ciertos matices de violencia y a veces de procacidad, contribuyó a minar el apoyo militar a Perón, apartando de él a los sectores nacionalistas y católicos de las fuerzas armadas. Repentinamente, la vieja conspiración militar comenzó a prosperar y se preparó para un golpe que estalló el 16 de junio de 1955. La Casa de Gobierno fue bombardeada por los aviones de la Armada, pero los cuerpos militares que debían sublevarse no se movieron y el movimiento fracasó. Ese día grupos regimentados recorrieron las calles de Buenos Aires con aire amenazante, incendiaron iglesias y locales políticos, pero el presidente acusó el golpe porque había quedado descubierto la falla que se había producido en el sistema que lo sustentaba. Acaso no era ajena a esa crisis la gestión de contratos petroleros que el presidente había iniciado con algunas empresas norteamericanas.

En los sectores allegados al gobierno comenzó un movimiento para reordenar sus filas. Ante la evidente retracción de las fuerzas armadas, el movimiento obrero peronista creyó que podía acentuar su influencia. Un decidido sector de dirigentes de la Confederación General del Trabajo comenzó a presionar al disminuido presidente para que armara a las milicias populares. Pero el planteo obrero amenazaba con desembocar en una verdadera revolución, y Perón, cuya auténtica política había sido neutralizar a las masas populares, esquivó la aventura a que se lo quería lanzar.

En esas condiciones, la conspiración militar adquirió nuevo vuelo bajo la dirección del general Eduardo Lonardi y estalló en Córdoba el 16 de septiembre. Hubo allí acciones violentas, pero la sublevación general de la marina, que concentró sus barcos en el Río de la Plata y amenazó con bombardear la Capital, enfrió el escaso entusiasmo de los jefes aún adictos a Perón. Pocos días después el presidente entregó su renuncia y Lonardi se hizo cargo del poder.

Subrepticiamente, Perón se refugió en la embajada del Paraguay y poco después se embarcó en una cañonera que lo llevó a Asunción. De la férrea organización que lo había sostenido no quedaron sino vagos vestigios incapaces de resistir. De la obra que había emprendido para asegurar la "justicia social" no subsistió sino el melancólico recuerdo de los anuales aumentos de jornales que ilusionaban a quienes enjugaban con el pago de las retroactividades las deudas que la inflación les había obligado a contraer. De la proclamada "independencia económica" no subsistía sino el recuerdo de los leoninos contratos petroleros que había gestionado con los monopolios internacionales. Cuarenta y ocho horas bastaron para poner al descubierto la constitutiva debilidad de la obra de diez años. Sólo quedaban unas masas populares resentidas por el fracaso, que se negaban a atribuir al elocuente conductor, y procuraban endosar a la "oligarquía". Y quedaba una "oligarquía" que confiaba en subsistir y en prosperar, gracias a la fortaleza que había logrado al amparo de quien se proclamaba su enemigo. Pero indudablemente la relación entre oligarquía y masas populares quedaba planteada en el país en nuevos términos, porque los sectores obreros urbanos habían crecido considerablemente y habían adquirido no sólo experiencia política, sino también el sentimiento de su fuerza como grupo social.

FUENTE: Breve historia de la Argentina -José Luis Romero- Primer tomo